Artículos editoriales

Fecha: 30/09/09

Incentivos a la inversión y a la creación de empleos

Alejandro Gómez Tamez*

 

Durante la semana que concluye se nos informó de la evolución de diversos indicadores a nivel nacional que dan cuenta de que la economía aun se encuentra en problemas, pero que el inicio de la  recuperación está cercano. En primer lugar tenemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó que en julio pasado, el Índice Agregado de los Ingresos obtenidos por la prestación de los Servicios Privados no Financieros (IAI) cayó únicamente 5.1 por ciento respecto al mismo mes de 2008. Por su parte, las ventas al menudeo de México cayeron solamente 4.8 por ciento en julio en términos anualizados.

 

 

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Otro dato importante es que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), variable que pudiéramos considerar lo más cercano a un Producto Interno Bruto mensual, cayó tan sólo 6.9 por ciento anualizado durante julio de este año. Sin embargo, si se analiza la evolución de este indicador en el periodo de junio a julio de 2009, apreciamos que éste creció 2.45 por ciento.

Para muchos las cifras que aquí se presentan pudieran denotar que la economía no está marchando bien, pero si se considera que la mayoría de los indicadores económicos que miden la producción estaban registrando decrementos superiores al 12 por ciento anual todavía hace un par de meses, pues los datos que muestran caídas del orden del 6 por ciento, indican que efectivamente seguimos cayendo, pero menos aceleradamente.

Todos estos indicadores, aunados a muchos otros que se omiten por falta de espacio, han motivado a  diversos analistas a afirmar con mayor contundencia que la peor parte de la crisis ya pasó. En este sentido se ha pronunciado The Conference Board, organismo que afirmó recientemente que debido a que los índices anticipado y coincidente para México crecieron 1.3 y 0.4 por ciento, respectivamente, la desaceleración de la actividad económica podría estar tocando fondo, y que las condiciones pueden mejorar en el corto plazo.

Así pues, ante este panorama en el que se visualiza que México está por fin comenzando a salir de su peor crisis económica de los últimos 26 años, ¿Por qué los distintos órdenes de gobierno no toman la decisión de apoyar de todas las maneras posibles a los empresarios para que inviertan y así crezcan sus empresas y empleos? Comentábamos en el pasado editorial que la única manera de disminuir la pobreza de forma sostenida es a través de la creación de empleos. Entonces, pues la receta es muy simple: hay que dar incentivos a las empresas para que adquieran maquinaria, exporten, se capaciten, incursionen en nuevos mercados, entre otras tantas políticas.

De igual manera, se deben evitar todas aquellas medidas que desincentiven la creación de empresas. Y en este sentido se debe rechazar categóricamente la propuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de modificación del Código Fiscal de la Federación 2010, la cual busca cobrarse las deudas fiscales de una empresa embargando hasta los bienes de los socios que aportaron capital.

Cabe señalar que esta propuesta es una aberración y rompe totalmente con el concepto de persona moral, el cual es un ente separado de las personas físicas que en su carácter de accionistas la conforman. De acuerdo a la legislación vigente cuando una sociedad anónima incurre en un crédito fiscal en firme, las autoridades tienen facultades para embargar solamente el patrimonio de la empresa. Pero el SAT lo que busca es que se implemente una mecánica para determinar que los socios o accionistas respondan respecto a los impuestos causados cuando los bienes de la sociedad no sean suficientes para garantizar el crédito fiscal. De esta manera, cada uno de los socios tendrá una responsabilidad de acuerdo con su aportación al capital social, según modificación del artículo 26 del Código fiscal.

Así las cosas, de aprobarse estas reformas ¿quién en su sano juicio se anima a ser accionista de una empresa que apenas va a iniciar operaciones y a la que le invitan a participar como socio capitalista? ¿Creen ustedes que empresarios extranjeros verán con  buenos ojos invertir en un país en el que el gobierno puede irse sobre su patrimonio personal si se incurre en pasivos fiscales que por alguna razón no se pueden pagar en el corto plazo?   Evidentemente la respuesta a estas preguntas es respectivamente “nadie” y “no”.

Y es que los que busquen asociarse con aportación de capital en un empresa para el próximo año, tendrán que tomar en cuenta que si esta medida es aprobada en el Congreso, podría afectarles su patrimonio; además de que como han señalado los fiscalistas: se debe tomar en cuenta que los socios de una empresa no pueden ser culpables por el pago de impuestos de la sociedad a la que aportaron capital; la empresa ya fue calificada como culpable por un delito y no se puede transferir la pena a otro sujeto, es como hacer una pena transcendente y la conducta delictuosa no se puede transmitir.

Si una medida de estas características fuera aprobada sin duda descarrilaría los avances hasta ahora logrados por recuperar el crecimiento económico, ya que como se ha señalado, la inversión productiva se frenaría de manera importante. Las personas lo pensarían dos veces antes de invertir en una empresa.

No se trata de defender a los empresarios que deliberadamente tienen créditos fiscales y no los pagan mediante argucias legales. Se trata de defender a aquellos empresarios que obrando con honestidad tienen dificultades para pagarle al fisco. Hay empresarios que pueden cometer errores en su planeación y luego no contar con los recursos para pagarle a Hacienda, pero no porque hayan hecho alguna transa, sino porque cometieron errores; errores como los que también comete el gobierno.

En este sentido habría que cuestionar si así como el gobierno federal pretende cobrarse con el patrimonio de los accionistas los adeudos fiscales que la empresa no pague, si los empresarios pudiéramos entonces también tomar medidas en contra del gobierno federal cuando éste comete graves errores en su política económica que afectan nuestro patrimonio.

Tenemos que de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del INEGI, cerca de 12 mil 850 empresas del sector formal de la economía cerraron sus establecimientos durante el último año debido a la caída en la producción y las ventas comerciales. ¿Cuántos de estos empresarios estarían dispuestos a demandar al gobierno federal o al Banco de México por las decisiones que han tomado y que nos llevaron a que México sea el país de toda Latinoamérica con el peor desempeño económico.

Si el gobierno quiere castigar a los empresarios por tener créditos fiscales yendo sobre su patrimonio, pues entonces se debe dar la posibilidad a los empresarios de demandar al gobierno federal cuando este comete errores que le provocan a los empresarios perder su patrimonio, como es el caso de los 12 mil 850 que han cerrado sus puertas este año.

Obviamente ambas cosas son absurdas (que el SAT pueda embargar el patrimonio de los accionistas y que los empresarios puedan demandar al gobierno por sus errores de política económica), pero si el gobierno federal, a través del SAT, o cualquier otra dependencia continúan proponiendo cambios que inhiben la inversión, pues estarán trabajando para que los pronósticos de BofA Merrill Lynch Global Research (BofAML) se hagan realidad y que la economía mexicana caiga este año 10 por ciento y sea hasta el 2011 que se recuperen los niveles de actividad económica observados previos a la crisis actual.

La receta es muy clara: para salir de la crisis hay que apoyar a las empresas e implementar políticas económicas en línea con lo que proponen los países del G20. No se debe castigar al empresario.

 

Director General GAEAP*

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