Artículos editoriales

Fecha: 18/02/10

Debilidad fiscal y el problema del IETU

Alejandro Gómez Tamez*

No es ninguna novedad señalar que México padece un severo problema fiscal derivado de múltiples factores. Dos de ellos son la evasión en el pago de impuestos y otro tiene que ver  con los beneficios y exenciones fiscales. De acuerdo con estimaciones del Tecnológico de Monterrey, dadas a conocer apenas el pasado 11 de febrero,  en 2008 la evasión fiscal representó 2.62 por ciento del PIB, mientras que en el mismo año, el boquete por concepto de gastos fiscales fue equivalente a 8.5 por ciento del PIB.  Así. Tenemos que las pérdidas por ambos conceptos ascienden a 11.1 por ciento del PIB, lo cual es superior a la recaudación, que en 2008 ascendió a 10 por ciento del PIB.

Aunado a lo anterior, si bien la evasión fiscal en México tuvo una tendencia clara a la baja (pasó de 39.61 por ciento en 2000 a 23.36 por ciento en 2008 según el ITESM), el monto de dicha evasión sigue siendo significativo y contribuye a tener un sistema fiscal injusto e inequitativo, lo que da un incentivo negativo al pago de impuestos. ¿Para qué pagar tantos impuestos cuando veo que mi competencia no lo hace y entonces mi empresa va a ser menos competitiva? 

 

 

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Así pues, si bien no se puede negar que ha habido avances en la lucha contra la evasión, queda claro que aún queda mucho por hacer para abatirla aun más. Se debe reconocer y aplaudir que la recaudación fiscal por actos de auditoría en 2009 ascendió a 74 mil 413 millones de pesos, lo cual es un monto histórico; pero también debe señalarse que aún quedan muchos millones de contribuyentes (personas físicas y morales) por incorporar al padrón de los que pagan impuestos. En otras palabras, los actos de auditoría están bien, pero al final de cuentas se enfocan en revisar a los que ya están pagando. ¿Qué pasa con los que no pagan nada? A muchos de ellos ni se les molesta, y mucho menos se les audita.

Es verdad que de acuerdo al SAT, al término de 2009 el registro federal de contribuyentes llegó a 26.4 millones de personas físicas y morales, lo que equivale a un 241 por ciento más que en 2003, cuando este padrón estaba constituido por 7.74 millones de causantes. Sin embargo, habrá que preguntar cuántos de los que están en el padrón de contribuyentes efectivamente pagan algo. La realidad es que muy pocos, dado que el ingreso de la mayoría de los cotizantes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es bajo y no causa un impuesto significativo. Por lo tanto, la cifra de 26.4 millones de contribuyentes puede ser engañosa si no se interpreta bien.

En este sentido, no es ninguna novedad que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México prácticamente uno de cada tres personas ocupadas se encuentra en la economía informal con una total carencia de prestaciones sociales, médicas y económicas. Tan sólo en 2009 el  número de personas que se incorporaron a la llamada economía subterránea en nuestro país ascendió a 12.6 millones de personas, que representan 28.3 por ciento de la población ocupada.

Los informes oficiales revelan que la Población Económicamente Activa (PEA) en 2009 alcanzó un nivel de 47 millones 41 mil 909 personas, si a este número le restamos los 2 millones 506 mil 595 personas desocupadas, entonces nos queda una Población Económicamente Activa Ocupada de 44 millones 535 mil 314 personas. Si tomamos en cuenta que hay 26.4 millones de personas físicas en el padrón del SAT (de los cuales la inmensa mayoría no paga impuestos por lo bajo que son sus ingresos), entonces deducimos que hay otros 18.1 millones de personas que en México trabajan y que no pagan impuestos por sus ingresos (y estos evidentemente ni siquiera han sido detectados por el fisco). Ante estos datos no podemos más que reafirmar que el sistema fiscal es injusto e inequitativo para los que cumplen sus obligaciones fiscales puntualmente.

Volviendo al asunto de los gastos fiscales que comentaba en el primer párrafo de este artículo, las cifras oficiales no mienten y realmente evidencian lo excesivos que resultan este tipo de gastos a nivel federal. En este sentido, tenemos que el presupuesto publicado por la Secretaría de Hacienda para este tipo de gastos en el año 2010 representará 40 por ciento de los ingresos tributarios del gobierno federal (equivalentes a 502 mil 533 millones de pesos o 3.98 por ciento del PIB) y éstos se  destinarán mayoritariamente a beneficios para personas físicas.

Es importante precisar que en el presupuesto de gastos fiscales comprende los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales; condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

De esta manera, para el ejercicio fiscal de 2010, el gasto fiscal relacionado al impuesto sobre la renta (ISR) alcanzará 213 mil 30 millones de pesos (dividido en ISR empresarial por un monto de 155 mil 151 millones y para personas físicas alcanzará los 57 mil 878 millones de pesos). En impuesto empresarial a tasa única (IETU) el monto será de 82 mil 700 millones; impuesto al valor agregado (IVA), 166 mil 859; impuestos especiales 33 mil 550 y estímulos fiscales 6 mil 305. Cabe señalar que en el año 2009 los gastos fiscales ascendieron a 464 mil 914 millones de pesos, lo que representó 3.87 por ciento del PIB.

Así pues, es evidente la naturaleza de los problemas de falta de recursos fiscales en nuestro país. Más allá de cuestiones relacionadas al precio del petróleo, tenemos un problema por lo reducido que en realidad es el padrón de contribuyentes y por los gastos fiscales que permite el gobierno federal. Claro que no estoy proponiendo que se eliminen la totalidad de dichos gastos, pero sí que se revise cuales de estos pudieran desaparecer como es el caso de los tratamientos y regímenes especiales.

Es muy probable que este año la cuestión de la debilidad fiscal pase a segundo plano. Y es que es de esperarse una mejor evolución de los ingresos públicos durante 2010, ya que los nuevos impuestos, así como el alza en el IVA y en el ISR, deben rendir sus frutos. Además de que si hay más crecimiento económico y más inversión, entonces la recaudación fiscal será mayor, lo que inclusive incidirá en un déficit fiscal más pequeño.

Sin embargo no debemos echar las campanas al vuelo, ya que algunas calificadoras de riesgo, como Standard and Poor´s no descartan que la posición de México se pudiera deteriorar, lo que provocaría una baja en la calificación de la deuda soberana. Esto ocurriría si las medidas fiscales recientemente aprobadas no logran generar ingresos suficientes para contrarrestar los bajos ingresos petroleros, resultando en mayores déficits fiscales.

Así, ante todo lo anteriormente expuesto, debe quedar claro que la solución a los graves problemas fiscales de México está en la aplicación de un impuesto al consumo generalizado, establecer un solo gravamen entre el ISR o el IETU y eliminar los regímenes especiales (en caso de que el que prevaleciera fuera el ISR).

De igual forma, es importante alcanzar una reforma fiscal que amplíe la base de contribuyentes y garantice menor volatilidad en los ingresos del gobierno (que nos haga menos dependientes del precio del petróleo para la salud de las finanzas públicas). Todo esto con el fin de que se incrementen los ingresos fiscales y se implementen medidas que refuercen la flexibilidad fiscal y reduzcan la carga de la deuda pública.

Finalmente, una nota al margen: en relación al Impuesto Especial a Tasa Única (IETU), una vez que la Suprema Corte de Justicia ya lo declaró constitucional, resulta patético que se comience a manjar que el futuro de este impuesto depende de los Estados Unidos, no porque los comentarios sean inapropiados sino porque nuestra soberanía tributaria está supeditada a nuestra habilidad de atraer inversiones productivas y mantener contentos a los empresarios estadounidenses que tienen operaciones en México. 

Concretamente, tenemos que el presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, Enrique Ramírez Figueroa, declaró el pasado 17 de febrero que la vida del IETU depende de lograr que sea acreditable en Estados Unidos, porque si esto no ocurre muchas inversiones saldrían del país. Y es que si este impuesto no es acreditable en Estados Unidos, país del cual proviene el grueso de la inversión extranjera directa hacia el país, se "sobregravarían" las inversiones de empresas trasnacionales en México.

De acuerdo al analista: "Esto nos colocaría en una situación de poca o nula competitividad para seguir recibiendo inversiones, y con la facilidad que existe hoy en día de mover dichas inversiones, muy posiblemente llevará a la decisión de mover inversiones de México al extranjero”.

Así pues, en caso de que Estados Unidos amenazara o llegara a resolver que el IETU no es acreditable, el gobierno mexicano tendría que reaccionar rápidamente para crear un nuevo impuesto o derogar el IETU.

Ante todo esto no queda más que contemplar como lo que no fueron capaces de lograr los abogados de las miles de empresas que se ampararon contra el IETU (que derogaran este impuesto), posiblemente si lo logre el Gobierno de Estados Unidos declarando que el pago de dicho impuesto no será acreditable contra el Impuesto Sobre la Renta en aquel país. Deberíamos diseñar mejores impuestos para evitar poner en riesgo la política de atracción de inversiones nacional.

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

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