En este sentido la Concamin cuenta con información que sustenta que una gran porcentaje de los productos que se importan a México incumplen con las NOMs, mientras que a la industria nacional se le exige que cumpla con éstas y en caso de no hacerlo se hacer acreedora a que se retire su mercancía del mercado así como de multas económicas.
Este punto es especialmente importante por dos razones: por un lado es una fuente de competencia injusta para el productor nacional, ya que al no exigirle el cumplimiento de algunas NOMs a los productos que viene de fuera, pues se les da una ventaja en costo respecto a los productos hechos en México que si tienen que cumplir cabalmente con todas las responsabilidades. Por otra parte, si un productor nacional quiere exportar, éste debe tener en consideración que deberá cumplir con múltiples normas que imponen los países a los que se desea vender, pero en nuestro país para los mismos productos hechos en el extranjero no hay restricciones a la hora de querer importarlos a México; es decir, no hay reciprocidad.
Y esto último se debe a que en las Aduanas del país se permite la entrada de mercancías que no cumplen con la normatividad, lo cual ocurre porque ya sea por corrupción o porque la Ley Aduanera permite la importación de la mercancía con la promesa de que el producto solventará sus fallas ya internado en territorio nacional, como es el caso del etiquetado.
Lo que es también grave es que ante la exigencia del cumplimiento de las NOMs algunos importadores “se hacen las víctimas” a la hora de que se les exige que cumplan con las normas, por lo que terminan amparándose, argumentan que las NOMs son obstáculos técnicos al comercio, se quejan con las Secretarías de Economía de Hacienda, califican estas normas de arbitrarias, etc. De tal manera que terminan evadiendo el cumplimiento de las normas e importan productos que de hecho no podrían comercializar en el país donde fueron producidos. Esto implica que para ciertos productos México se convierte en el basurero del mundo, ya que muchos países (incluido el propio China) envían para acá toda clase de productos contaminados, insalubres, inseguros, etc.
Lo anterior me lleva a destacar que también hay normas que hacen falta de manera urgente en nuestro país, y entre ellas destaca la norma de inocuidad para el calzado comercializado en México.
Esta norma consiste en que se establezcan niveles máximos de ciertas sustancias tóxicas que pueda contener el calzado comercializado en nuestro país, de tal manera que se salvaguarde la salud de los consumidores ante sustancias como el plomo, mercurio, cadmio, níquel, los ftalatos, entre otros.
Desafortunadamente en la actualidad no existe una norma de inocuidad para el calzado comercializado en México, no obstante el intenso trabajo realizado por parte de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) para que haya una. Dicha cámara empresarial ha invertido muchos recursos económicos y ha estado promoviendo este proyecto ante la Secretaría de Economía y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) durante los últimos cuatro años sin tener éxito. Esto es muy importante porque implica que si usted trae puestos unos zapatos importados no puede tener absolutamente ninguna seguridad de que éstos estén libres de sustancias cancerígenas.
Este tema es de fundamental importancia, e ilustra también lo que está sucediendo con otras industrias, que ven como el mercado nacional se abre y recibe productos contaminados producidos en otras naciones, siendo que la industria nacional de calzado si fabrica productos seguros (esto fue constatado en un diagnóstico realizado por el CIATEC de Guanajuato en el año 2011).
Lamentablemente los consumidores de más bajo poder adquisitivo son los que compran los productos más económicos, muchos de los cuales son importados, pero están contaminados con elevados niveles de plomo, mercurio, ftalatos, entre muchas otras sustancias nocivas. Hay estudios que evidencian como muchas de las sandalias que se venden en las importadoras del centro de las ciudades sobrepasan por mucho los estándares de salud que tienen países como Estados Unidos, Japón, Unión Europea, China, entre otros. ¿Y qué hace la autoridad ante esto? Desafortunadamente nada.
De esta manera tenemos el peor de los mundos, los productores nacionales enfrentan una competencia ilegal del exterior, se dañan los empleos nacionales y los consumidores están comprando sin saberlo productos que les hacen daño a la salud, lo cual eventualmente se traducirá en mayores gastos médicos y hospitalarios por parte de las instancias del gobierno federal.
Así pues, la conclusión a todo esto es muy simple, las NOMs deben ser acatadas para todos los productos comerciaizados en México, independientemente de donde fueron hechos; y la autoridad debe ser sensible y escuchar a los empresarios cuando se les hace saber de normas importantes que están haciendo falta, como la norma de inocuidad para el calzado.
La autoridad no debe cerrarse y pensar que cuando se propone una nueva norma es con el fin de engordar burocracia, entorpecer la operación de los empresarios, o para poner obstáculos técnicos al comercio internacional, hay casos muy claros en los que se demuestra que las normas son por el bien de los consumidores, como el caso ya mencionado.
Director General GAEAP*
La realidad de la economía de México...
Última actualización: 2/Nov/14
Sin confianza del
consumidor “la
recuperación” no
será plena
A decir de las autoridades
del gobierno federal, la
economía nacional ahora
si ya está en franca
recuperación. Es verdad
que el Indicador Global de
la Actividad Económica
(IGAE) registra un
incremento acumulado de
1.87% real en los
primeros siete meses de
2014, y que en el mes de
julio aumentó en 2.52%;
también es verdad que el
total de trabajadores
asegurados ante el
Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
creció 3.7% en el
comparativo de agosto de
2013 al mismo mes de
2014; y también es cierto
que el valor de la
producción de la
|
Otro año perdido
en materia
económica
Tras los excelentes
números en materia de
aumento del empleo
formal en el país durante
septiembre, debió haber
caído como balde de agua
fría en las oficinas de la
Secretaría de Hacienda y
de la Secretaría de
Economía la noticia de
que el Indicador Global de
la Actividad Económica
(IGAE) creció apenas
1.3% en términos reales
durante agosto pasado
respecto al mismo mes de
2013. Y lo que es peor, a
su interior, las
actividades secundarias
(industria) aumentaron
apenas 1.4%, mientras
que las terciarias
(comercio y servicios) se
elevaron sólo 1 por
|
El daño del
petróleo
El gobierno federal de
México sigue sufriendo
una enorme dependencia
petrolera, la cual no ha
podido mitigar a través de
un sistema fiscal más
equitativo que amplíe la
base de contribuyentes
que efectivamente
paguen los impuestos
correctamente.
De acuerdo con
estadísticas que pueden
ser consultadas en el
portal de la Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público (SHCP), en el
periodo de enero a agosto
de este año los ingresos
presupuestarios del sector
público sumaron $2.545
billones de pesos, los
cuales son 2.6%
|
Autor: Alejandro Gómez Tamez*
Nuestro país cuenta con diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) que deben cumplir los fabricantes nacionales para comerciar su producto terminado, ya que de lo contrario éstos se hacen acreedores a multas económicas considerables, así como de la confiscación de la mercancía. Esto es algo que podemos considerar correcto cuando no existen arbitrariedades ni abusos por parte de la autoridad, y cuando lo que se busca es salvaguardar el interés y seguridad de los consumidores.
Lo que es reprobable es que en una enorme cantidad de ocasiones, estas normas que puntualmente son exigidas a los fabricantes y comercializadores en México, no son requeridas para los productos importados. Muestra de lo anterior, es la declaración publicada por EL FINANCIERO la semana pasada que hizo Raúl Picard del Prado, presidente de la Comisión de Desregulación y Comercio Interior de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), quien advirtió que del total de los productos congelados que se internan al país, un 20% incumple con las NOMs y en este caso la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no "ha hecho gran cosa por resolver la situación".
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