Cambios legales en Pemex y CFE para ser más competitivos

La Reforma Energética prevé el aprovechamiento de los hidrocarburos y la electricidad de forma racional y sustentable, bajo los principios de soberanía nacional, eficiencia económica y beneficio social. Se trata de un cambio histórico al permitir la apertura a la competencia en el sector, lo que facilitará atraer inversiones y tecnología de punta para incrementar la producción de energía en beneficio de las empresas y familias mexicanas. Además, representa una transformación radical al régimen hacendario del petróleo, el gas y la electricidad que modifica la relación entre nuestros recursos energéticos y la Hacienda Pública nacional.

En este contexto, un elemento fundamental de la reforma fue la transformación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Empresas Productivas del Estado. Gracias a ello, ambas entidades podrán fortalecerse y contar con la flexibilidad operativa necesaria para incrementar su productividad y rentabilidad. De esta manera, estarán en las mejores condiciones para competir exitosamente ante el nuevo entorno que plantea la apertura del sector.

Así, se expidieron las Leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en las que se establece la nueva estructura corporativa y organizacional. Con esta nueva legislación, Pemex y CFE se mantienen como empresas cien por ciento mexicanas y propiedad del Estado. Más aún, se les establece como mandato la creación de valor económico para la Nación y se les dota de un nuevo gobierno corporativo. Los principales aspectos que caracterizan esta transformación son:

1. Régimen jurídico especial. Pemex y CFE se organizarán y funcionarán conforme a lo que establecen sus respectivas leyes, bajo un régimen específico para cada una de ellas. Se les dota de una estructura empresarial autónoma, flexible y sustentada en las mejores prácticas de gobierno corporativo. Cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión.

2. Autonomía presupuestal. Las empresas podrán elaborar sus proyectos de presupuesto de manera autónoma y ejercerlos sin requerir autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debiendo cumplir únicamente con un techo de endeudamiento (balance financiero) y un techo para el pago de remuneración de su personal, que serán aprobados por el Congreso de la Unión. Respecto a sus operaciones de financiamiento, deberán coordinarse con la SHCP de tal forma que esas operaciones no incrementen el costo de financiamiento para el resto del sector público. Finalmente, Pemex y CFE podrán utilizar sus ingresos excedentes para incrementar su gasto de inversión física o para cubrir posibles pasivos laborales de corto y largo plazo en materia de pensiones y salud.

3. Nuevo papel del Estado como propietario. El Gobierno deja de ser su “administrador principal” y se asume como propietario. Se delimitan las atribuciones del Estado como dueño, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo de las Empresas públicas, para que no interfiera en las operaciones cotidianas de las empresas. Con la participación del Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal mantiene sólo las siguientes funciones: nombrar al Director y a los miembros del Consejo de Administración, con una participación de funcionarios del Gobierno Federal sólo a través del Consejo; evaluar el desempeño de las empresas y de sus directivos, y definir el dividendo que pagarán las empresas al Estado.

4. Dividendo Estatal. Las Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE) entregarán anualmente al Gobierno Federal un dividendo, cuyo monto dependerá de los planes, opciones y perspectivas de inversión de la Empresa, así como de las alternativas de otros posibles usos de los recursos, y en particular de la inversión pública en otros sectores. Se trata de establecer un ejercicio democrático sin precedentes, para decidir como país cuáles son las mejores alternativas para el uso de las utilidades de las empresas. Para ello, el monto se incluirá en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, para su aprobación por el Congreso. El remanente será reinvertido por las empresas.

5. Gobierno corporativo. Se establece al Consejo de Administración como el órgano máximo, responsable de la dirección estratégica y la planeación integral. Se le dota de Comités de Apoyo para asegurar un mejor desempeño de sus funciones. Se establecen y definen claramente sus atribuciones para separarlas de aquellas que ejercerá el Estado como propietario. Así, este órgano será el encargado, entre otros, de, definir la visión estratégica de la empresa; emitir las políticas de inversiones, plan de negocios y contrataciones; emitir el estatuto orgánico, y vigilar y evaluar el desempeño de la empresa.

6. Consejeros Independientes. Para la integración de los Consejos de Administración, la ley prevé la figura de consejeros independientes. Éstos serán nombrados a propuesta del Ejecutivo y ratificados por el Senado. Con ello, se establece un sistema de contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo para garantizar que el Consejo estará integrado con una visión profesional, plural y crítica.

7. Marco jurídico análogo al de empresas de carácter privado. Pemex y CFE dejarán de atenerse a lo dispuesto en la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ahora se regirán por lo señalado es sus estatutos sociales (sus respectivas leyes) y por las disposiciones del derecho mercantil y civil. Para abonar en la transparencia y la rendición de cuentas, Pemex y CFE deberán presentar informes sobre su situación financiera, administrativa, económica y jurídica, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores.

8. Medidas anticorrupción. Las atribuciones de control interno quedan a cargo del Director General y las de auditoría en el Consejo de Administración. En materia de contrataciones, se incorpora la participación de testigos sociales a lo largo de los procesos que al respecto realicen Pemex y CFE. Además, se establece la obligación para ambas empresas de contar con sistemas de información sobre sus proveedores y contratistas.

Adicionalmente a estas características, el H. Congreso de la Unión aprobó diversas medidas con el fin de fortalecer financieramente a las Empresas Productivas del Estado. De esta forma, se establecen nuevas regulaciones en materia de régimen fiscal y tributario, así como una medida para reducir el pasivo laboral de ambas empresas.

a. Régimen Fiscal de Pemex. Se modifica el régimen fiscal aplicable a las asignaciones de Pemex, para que tenga la misma estructura que la que aplicará para la determinación de las contraprestaciones en los nuevos contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Para ello, se simplifica el pago de derechos, reduciendo significativamente la complejidad y la carga administrativa, y se sujeta a las asignaciones al Impuesto Sobre la Renta. Además, se reduce la tasa que aplica a la utilidad neta de 71.5% en el régimen previo a 65%. También se reconocen los costos reales de operación y se permite trasladar los costos no deducidos para ejercicios posteriores cuando éstas no hayan podido deducirse en un año particular. Con estas medidas, se estima que al final de un periodo de transición de 5 años, la empresa tendrá una reducción histórica en el monto de pagos de contribuciones de hasta 90 mil millones de pesos anuales.

b. Régimen tributario de CFE. Se elimina el pago de aprovechamiento actual, calculado como un porcentaje de sus activos y se establece el pago de Impuesto Sobre la Renta, como en cualquier otra empresa.

c. Modificaciones en materia de pasivo laboral. Se otorga la facultad al Gobierno Federal para absorber una parte del pasivo de jubilaciones y pensiones de ambas Empresas Productivas del Estado, liberando recursos adicionales que podrán estar disponibles para la inversión. Lo anterior será posible solamente si dichas empresas y sus trabajadores acuerdan, a más tardar en un año, de manera voluntaria y en estricto apego a los derechos laborales, modificaciones en su régimen pensionario que redunden en una disminución de dichos pasivos.

Con estos cambios Pemex y CFE tendrán una mayor disponibilidad de recursos, que podrán invertir para solidificar sus oportunidades de negocio. Ello les permitirá incrementar su rentabilidad y en su caso, pagar el dividendo al Gobierno Federal.

De esta forma, la combinación de las medidas anteriores (una menor carga fiscal; autonomía presupuestaria, y una menor carga pensionaria), permitirán que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, enfrenten el nuevo entorno de mayor competencia en el sector de energía, fortalecidas y modernizadas, de tal manera que puedan ser exitosas, creando valor para todos los mexicanos.

Conclusiones
La Reforma Energética sienta las bases de un nuevo modelo de desarrollo y crecimiento para la industria eléctrica y de los hidrocarburos, refrendando la propiedad de la Nación sobre los recursos energéticos en el subsuelo. La transformación de Pemex y CFE en Empresas Productivas del Estado les permite iniciar una nueva etapa, aprovechando la experiencia, capacidad y compromiso de sus trabajadores y las nuevas condiciones de autonomía y autorregulación. Así, será posible ampliar la oferta de energéticos económicos y de calidad, que permita mejorar el bienestar de las familias mexicanas y la competitividad de las empresas. Con ello, el sector energético retomará su papel como palanca nacional de desarrollo económico y social.

Con esta reforma se cierra una etapa importante de transformación y modernización del país. A través de las reformas estructurales será posible elevar la productividad, fortalecer los derechos de los mexicanos y afianzar el régimen democrático y de libertades sociales. El compromiso del Gobierno del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto es acelerar la implementación de las reformas, para que sus beneficios se reflejen en la economía familiar en el corto plazo.