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Artículos editoriales |
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Fecha: 10/08/08 |
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Corrupción y licitaciones públicas Alejandro Gómez Tamez
La corrupción administrativa consiste de todo aquel acto por medio del cual un funcionario público es impulsado a desempeñarse en modo distinto de los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Por lo tanto, “corrupto” es el comportamiento ilegal, ilegítimo e ilícito de los que ocupan un puesto en la estructura administrativa. Aunque también es importante recalcar que igualmente es corrupto la autoridad que es corrompida como quien la corrompió.
Si partimos de estas definiciones y las analizamos, comprenderemos que la corrupción administrativa, paulatinamente ha degenerado en un problema crónico en México, el cual frena las posibilidades de desarrollo nacional. Desafortunadamente, la corrupción es un mal que se practica con demasiada frecuencia en el seno de la administración pública, lo que desvirtúa la función administrativa, que debe estar al servicio de la ciudadanía.
Es cierto que México no es el único país que sufre los estragos de la corrupción, pero si es uno de los más corruptos a nivel mundial. De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2007, elaborado por Transparencia Internacional, México ocupó en dicho año el sitio 72 entre una lista de 180 países.
Con 3.5 puntos en el IPC, donde 10 es “altamente transparente” y 0 “altamente corrupto”, México se ubica al lado de Brasil, China y la India. Pero también comparten la posición 72 Marruecos, Surinam y Perú con los mismos puntos IPC.
Por su parte, el estudio Global Integrity Report 2007, como resultado de la evaluación de los casos y las medidas tomadas por los gobiernos de 55 países, colocó a México como un país "débil" en el combate a la corrupción, al lado de naciones como Pakistán, Nepal, Bangladesh y Rusia.
Otra medida de la corrupción, es el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) realizado por Transparencia Mexicana. Este índice mide la percepción de jefes de hogar sobre 35 servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por particulares de todo el país. El INCBG se calculó a partir de los datos proporcionados por jefes de hogar que hace uso de estos servicios. La encuesta estimo cerca de 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos durante 2007.
Los trámites que mayor relación tuvieron con actos de corrupción son los de: estacionar su automóvil en la vía pública en lugares controlados por personas que se apropian de ellos; evitar ser infraccionado o detenido por un agente de tránsito; evitar que un agente de tránsito se lleve su automóvil al corralón / sacar su automóvil del corralón; pasar sus cosas en alguna aduana, retén, garita o puerto fronterizo; y pedir al camión de la delegación o municipio que se lleve la basura.
Otro indicador del grado de corrupción que tiene que ver con el sector empresarial es el Índice de la Percepción de la corrupción de las empresas en México realizado por el Centro de Estudios Estratégicos del ITESM. Éste mide la percepción que las empresas tienen sobre la corrupción en México, y los dos tipos de corrupción más recurrentes son:
1) Captura del Estado (pagos extraoficiales realizados por el sector privado a políticos con el fin de influir en la definición de las “reglas del juego” de acuerdo a sus propios intereses). En este rubro, el 39% de las empresas reconocieron que empresas similares a la suya realizan pagos extraoficiales para influir en el contenido de nuevas leyes, políticas y regulaciones. En la apreciación del sector privado, estas empresas gastan en promedio un 8.5% de sus ingresos en la Captura del Estado.
2) Corrupción burocrático-administrativa (pagos extraoficiales de las empresas a funcionarios públicos con el fin de distorsionar la implantación prescrita de las leyes, políticas y regulaciones). Aquí el 62% de las empresas reconocieron que empresas similares a la suya realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos de menor rango. Desde su perspectiva, estas empresas gastan un 5.1% de sus ingresos en la corrupción burocrática-administrativa.
Esto nos lleva al tema al tema delicado de las licitaciones públicas y su propensión a ser corruptas. De acuerdo a un reporte de la Secretaría de la Función Pública de mayo de 2008, en el año 2007 las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada ejercieron 399 mil millones de pesos, y de este total de recursos públicos, el 40 por ciento se destinó a la adquisición de bienes, 15 por ciento a servicios y 45 por ciento a obra pública.
No es necesario destacar la enorme cantidad de dinero ejercido y que puede ser sujeto a prácticas de corrupción. Concretamente, el acto de corrupción en una compra gubernamental puede darse en cualquiera de los siguientes puntos: origen real del requerimiento, descripciones técnicas, plazos de entrega, no se recibe lo que se contrato, requerimientos adicionales, trabajos extraordinarios, ajustes de precio, tiempos recortados, descalificaciones innecesarias, precios de referencia sin sustento, multitud de modificaciones a las bases en la junta de aclaraciones, entre otros.
En este sentido es conveniente recordar que el entonces Secretario de la Función Pública, Germán Martínez, señaló el 27 de febrero de 2007 que Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal de Electricidad son “focos rojos” en materia de corrupción, y que tan sólo en el año 2006 la SFP atendió 91 quejas relacionadas con procesos de contratación en el sector energético, cuyo valor asciende a 11 mil millones de pesos.
Por su parte, en una nota publicada en la Jornada el 29 de enero de 2007 se señala que las dependencias que se caracterizaron por tener mayores actos de corrupción e irregularidades administrativas documentadas en el sexenio de Vicente Fox fueron el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Petróleos Mexicanos (Pemex), las tiendas departamentales del ISSSTE en el país, el IMSS, el gobierno del estado de México, la Policía Federal Preventiva, las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Educación Pública (SEP).
Todo esto es muy importante y se debe atacar frontalmente, ya que como lo asegura Paulo Mauro, economista del Fondo Monetario Internacional (FMI): “la corrupción reduce el crecimiento económico al disminuir los incentivos a la inversión, la calidad de la infraestructura y los servicios. También distorsiona el gasto público, alentando inversiones donde es más fácil obtener y ocultar sobornos, y desalentando el gasto en otros sectores como: salud, educación, cultura... que pueden hacer mucho más por el desarrollo económico.”
Finalmente, también hay que agregar que la percepción de corrupción por parte de la ciudadanía es lamentable porque desincentiva el pago de impuestos; ya que esto es un reflejo del concepto de que los recursos que trascienden al Estado son sólo un botín que los funcionarios públicos se roban o transfieren a sus amigos por medio de diversos vicios muy arraigados en la cultura gubernamental mexicana.
Esto mismo lo señala Andrés Oppenheimer en su pasado editorial “¿Quién paga impuestos en América Latina?” al apuntar que una de las razones de la baja recaudación de impuestos ha sido atribuida por los economistas, en general, a la evasión impositiva generalizada basada en la idea de “para qué pagar impuestos, si igual se los van a robar funcionarios corruptos”.
* Director General GAEAP
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