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Reporte del Economist Intelligence Unit (EIU) publicado por el periódico La Jornada el 18 de febrero de 2014:

 Brasil: ¿goles y disturbios?

 

A principios de 2014 el jefe de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (FNSP) de Brasil, Alexandre Augusto Aragon, anunció el despliegue de una nueva fuerza de seguridad de élite en las ciudades sedes de la Copa Mundial de Futbol antes del principio de este encuentro deportivo, señalado para el 12 de junio.

 

La nueva fuerza de 10 mil elementos está diseñada para ayudar a la policía a enfrentar cualquier manifestación que se realice alrededor del torneo. Estará integrada por personal de la policía antimotines existente, así que no requiere mucho adiestramiento y se puede desplegar de inmediato.

 

Creciente inquietud social

La decisión de crear este cuerpo de élite responde a las preocupaciones del gobierno ante posibles protestas durante la Copa Mundial, luego de un aumento inesperado en las actividades de este tipo en Brasil, donde estallaron grandes manifestaciones en junio de 2013 (durante la Copa Confederaciones de la FIFA, que por tradición se lleva a cabo en el país anfitrión de la Copa Mundial el año anterior, en preparación a este encuentro) y continúan esporádicamente desde entonces.

 

Casi un millón de personas salieron a las calles en la culminación de las protestas de 2013, que tuvieron lugar en Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades. Las protestas fueron desencadenadas por la indignación ante la carestía del transporte, los altos niveles de corrupción pública y deficiencias en los servicios de educación, salud y transporte. Sin embargo, pronto se enfocaron en la Copa del Mundo, con críticas a los enormes gastos para el torneo en un periodo de lento crecimiento en el país.

 

Las protestas atrajeron mucha publicidad, que avergonzó a las autoridades brasileñas, las cuales esperaban que la Copa Mundial y los posteriores Juegos Olímpicos de Río, en 2016, demostrarían la capacidad de Brasil para ser sede de importantes encuentros deportivos, y que el sentimiento positivo en torno a ellos atraería mayores inversiones al país. Por tanto, grandes manifestaciones durante la Copa Mundial no sólo podrían obstruir la realización del torneo en sí, sino también enviarían una impresión negativa de Brasil, como un país cuyas fuertes divisiones sociales alimentan inquietudes por la seguridad.

 

Poco margen de maniobra

El gobierno ha hecho esfuerzos por atender los agravios de los manifestantes a nivel político. En respuesta a las protestas, en junio de 2013 la presidenta Dilma Rousseff anunció mayor gasto para transporte público y educación, así como para capacitar más médicos en apoyo a la creciente población. También prometió una reforma política para frenar la corrupción e incrementar la transparencia, así como impulsar legislación contra sobornos, que es una vieja demanda. Sin embargo, este ímpetu reformista se ha detenido porque las nuevas iniciativas enfrentan oposición de muchos políticos, incluso dentro de la coalición gobernante; aún no hay fecha para el referendo que se ha propuesto sobre las reformas.

 

No es probable que Rousseff impulse grandes cambios, porque en octubre de este año se realizarán elecciones presidenciales y legislativas. Si bien se mantiene como favorita para ganar la contienda presidencial, tiene poco capital político que gastar, y distanciarse de la legislatura podría conducirla a perder apoyo en el terreno. Por tanto, tiene que realizar un difícil acto de equilibrio: intentar apaciguar las protestas mientras procura que la Copa Mundial se desarrolle sin contratiempos. Sin embargo, aunque algunos manifestantes podrían aceptar promesas de mayor inversión y reformas en su segundo periodo presidencial, muchos ven el torneo futbolístico como una oportunidad perfecta para ejercer mayor presión sobre los políticos para que acepten reformas.

 

Los manifestantes muestran pocos indicios de retroceder; a mediados de enero hubo protestas en Sao Paulo y otras ciudades, con consignas contra la FIFA y advertencias de continuar durante el torneo, lo que podría paralizar ciudades y evitar que equipos y turistas lleguen a los estadios, además de provocar violencia. Hay una amenaza adicional: las acusaciones de brutalidad policiaca durante las protestas de 2013 atrajeron considerable publicidad negativa a las fuerzas de seguridad, y una dura represión a los manifestantes durante la Copa Mundial tiene el potencial de convertirse en un desastre para las relaciones públicas.

 

El crimen no es el mayor riesgo

El gobierno buscará minimizar la perturbación mediante el uso del nuevo equipo de élite y otras fuerzas de seguridad, pero aun así es probable que los opositores reciban considerable publicidad. Será una prueba importante para las autoridades. Antes de las protestas de 2013, la mayor preocupación había sido la planeación de contingencia ante posibles actividades criminales durante la Copa. Río y Sao Paulo han tenido altas tasas de criminalidad en la década pasada y el gobierno se ha preparado para enfrentar esta amenaza desde que Brasil ganó la sede, en 2007. Como parte del plan, los militares han realizado operaciones en las favelas de ambas ciudades, con la meta de desplazar a las bandas que operan allí y recuperar las zonas.

 

Luego de limpiar cada favela, la policía mantiene presencia permanente para evitar que las bandas regresen, mientras se extienden los servicios públicos, de salud y educación. Este esquema ha logrado algún éxito, pese a las críticas sobre brutalidad policiaca y acusaciones de que sólo se despejan las áreas más cercanas a las zonas de alto nivel económico y las sedes de la Copa, mientras favelas más remotas y violentas han quedado al margen.

 

Además, si bien es posible que se cometan delitos en pequeña escala durante el torneo, las bandas criminales –muchas de las cuales están involucradas en la distribución de drogas– tienen poco incentivo para montar ataques en gran escala cerca de los estadios o en zonas turísticas, pues ello originaría grandes operaciones policiacas. Más bien parece haberse logrado un acuerdo tácito de que las bandas se abstendrán de operar abiertamente durante la Copa. Sin embargo, no puede lograrse un acuerdo semejante con los ciudadanos opositores, que aprovecharán la atención internacional.

 

Y así, luego de años de preparativos en seguridad para la Copa Mundial, las autoridades brasileñas descubren que tal vez sean sus capacidades de vigilar a civiles, más que a criminales, las que resulten más importantes para garantizar el éxito del torneo.

 

Traducción de textos: Jorge Anaya

Derechos: Economist Intelligence Unit  en asociación con INFOESTRATÉGICA www.infoestrategica.com

 

 


 



 

 


 



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