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Reforma Energética 2013En esta sección encontrarás la información relativa a la aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, así como artículos de opinión al respecto.Aprueba Senado en lo general Reforma EnergéticaAlejandro Gómez Tamez* Agencia NotiLeón. 11/12/13.- Con 95 votos a favor y 28 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, el proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética. De acuerdo con el boletín de prensa emitido el día de hoy en la madrugada, en la discusión, participaron 22 senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y de Movimiento Ciudadano, quienes manifestaron sus posturas a favor y en contra del dictamen. Al pronunciarse a favor del dictamen, el senador priista René Juárez Cisneros, manifestó que lo que está en juego con la reforma energética es la responsabilidad histórica de convertir al sector energético en la palanca del desarrollo nacional para responder a los desafíos sociales de la República al aumentar la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. Dijo que es fundamental realizar la modificación porque en el contexto internacional actual, es necesario para nuestro país contar con un marco normativo moderno que le permita ser más competitivo en materia energética, ya que se pretende alcanzar el máximo potencial de México en la materia al tiempo de fortalecer a Pemex y la CFE con el objetivo de que generen valor como empresas productivas del Estado, mismas que no se privatizan ni desaparecen, sino que se modernizan. El boletín emitido por el Senado señala que al anunciar su voto en contra del dictamen, el senador panista Javier Corral Jurado aclaró que nunca se discutió en los órganos del Partido Acción Nacional que se autorizara una apertura total en el sector energético. El dictamen, dijo, “gira en sentido contrario” a lo acordado en materia energética en el Pacto por México, lo que demuestra que “del Pacto al Congreso se caen los compromisos esenciales”. ¿Qué pasara en el tránsito de la reforma constitucional a las leyes reglamentarias que sólo requieren de mayoría simple y por lo tanto las negociaciones se reducen a la búsqueda de unos cuantos legisladores? Pidió prudencia e hizo votos para que no se cierren los cauces democráticos a la inconformidad social o a la impugnación a esta reforma y no se cometa “el error de tratar de atajar con manipulaciones, amenazas, chantajes o intolerancias las visiones diferentes. No den pie a los radicalismos que se vuelven violencia cuando el Estado toma decisiones a espaldas de la nación”. Del mismo modo, el senador panista Ernesto Ruffo Appel expuso que votaría en contra como un reclamo hacia la partidocracia y para alertar y convocar a la ciudadanía a que se convierta en supervisora del gobierno. Llevo –agregó– ya casi 30 años buscando el cambio y éste no llegó con la alternancia en el poder. Los partidos políticos y sus camarillas no manejan ideales sino intereses. Sólo mediante la férrea supervisión ciudadana podemos lograr que el gobierno funcione para los mexicanos. La senadora del PAN, Silvia Guadalupe Garza Galván señaló que los temas fundamentales llegarán con la legislación secundaria “y es ahí donde los senadores debemos estar pendiente de la regulación de las empresas privadas”. Expresó que es necesario que desde el Senado se construyan reformas de “gran calado, para que no nos quedemos con las versiones que nos presenta el gobierno federal, porque no basta con aprobar esta propuesta, debemos aspirar a más y tener presente el liderazgo que México ha adquirido en el ámbito internacional”. Por el PT, el senador David Monreal Ávila hizo notar que esta reforma constitucional no pasó por “algunas de las pruebas que la democracia participativa directa ha diseñado para modificar aspectos fundamentales de la Constitución como la consulta popular, el plebiscito ni el referéndum”. “De la manera más obscena y más obtusa se modifican tres artículos fundamentales de la Constitución sin más argumento que el de la fuerza numérica, sin más procedimiento que el trámite rápido de ventanilla y sin más debate que el silencio mudo de la consigna autoritaria y la obediencia cómplice”, apuntó. Su compañera de bancada, la senadora Martha Palafox Gutiérrez comentó que se trata de un asunto de seguridad nacional y de Estado sobre los recursos energéticos, sin embargo, hay un loco afán por abrir las puertas a las grandes transnacionales y capitales extranjeros para explotar los recursos energéticos de la nación. “Todos –dijo– sabemos de los contratos hechos por algunos ex secretarios de Energía y otros altos funcionarios y de la necedad de reformar la Constitución con eufemismos que más tarde o más temprano lamentaremos”. Anexos: 1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía, y Estudios Legislativos, Primera, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética. Dictamen_energetica_ 2. Acuerdo de los presidentes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía, y Estudios Legislativos, Primera, para introducir modificaciones al dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética, cuya discusión inició el 8 de diciembre de 2013. acuerdo Opinión: ¿Privatización de PEMEX? 11/12/13Gerardo Andrade Cifuentes* ¿Privatización de PEMEX? Sí. Un capital privado habla en términos de planeación estratégica, eficiencia de las operaciones y control financiero, sabe que es ahí donde se encuentra la rentabilidad y en consecuencia una empresa productiva. Es cierto también que la única respuesta no está en la participación de la iniciativa privada, todos sabemos que el gasto público es la primera “ordeña” que se le hace a la paraestatal (nada menos que el 30% del costo del gobierno), sabemos que se ha convertido en un monopolio en manos del estado cuya burocracia es impenetrable, sabemos lo que se pierde en la corrupción de contratos con particulares -que también hay que aclararlo- ya se hacen, y sabemos también lo que significa el sindicato y las excentricidades de los Romero Deschamps. Hay que decirlo, lo ideal sería que solo los mexicanos se beneficien de los recursos naturales del país, es nuestro derecho y así lo establece la Constitución en su Artículo 27 “CORRESPONDE A LA NACION EL DOMINIO DIRECTO DE TODOS LOS RECURSOS NATURALES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL Y LOS ZOCALOS SUBMARINOS DE LAS ISLAS;… LOS YACIMIENTOS MINERALES U ORGANICOS DE MATERIAS SUSCEPTIBLES DE SER UTILIZADAS COMO FERTILIZANTES; LOS COMBUSTIBLES MINERALES SOLIDOS; EL PETROLEO Y TODOS LOS CARBUROS DE HIDROGENO SOLIDOS, LIQUIDOS O GASEOSOS…”. Pero también hay que decir y con un tono más alto, que eso, antes y después de la expropiación del petróleo en 1918 jamás ha sucedido. Por el contrario PEMEX se ha convertido en combustible de una maquinaria que ha suprimido durante generaciones a la sociedad mexicana, es recurso que servido para enriquecer a la clase política en el poder, que ha servido para financiar campañas, comprar voluntades y dar privilegios exorbitantes a unos cuantos. Pero, si esto ha venido sucediendo hace décadas, ¿qué es lo que ha traído el tema al debate nacional? Es muy sencillo, sucede que las reservas de petróleo ubicadas en aguas poco profundos del Golfo de México están a punto de agotarse, y la empresa no tiene la suficiente capacidad técnica y económica para hacer exploración y extracción en aguas profundas, o para aumentar la producción de gas natural y petróleo de la corteza rocosa a las orillas del mar. Esto ha traído la necesidad de impulsar una reforma -que no es más que la modificación de varias leyes- que permita la participación de capital privado en sectores reservados al Estado. Entonces, ¿Se puede mantener una empresa estatal con la eficiencia de una privada? ¿PEMEX podría tener la capacidad financiera y técnica para su modernización sin tener que compartir las rentas del petróleo? La respuesta es sí, siempre y cuando existan los acuerdos indispensables para establecer como mínimo algunos escenarios: · Cambio de un régimen fiscal que es irracional e insostenible para disminuir la carga de contribución, dicho de otra forma, que PEMEX deje de pagar la tercera parte de lo que cuesta el Gobierno Federal. · Autonomía presupuestal, para aprobar y hacer uso de sus recursos presupuestarios sin necesidad de contar con la anuencia de la Secretaría de Hacienda. · Fortalecer a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para asegurar una política energética de largo plazo. · Impulsar la Investigación y Desarrollo Tecnológico, aprovechando y destinando mayores recursos de los fondos ya establecidos. · Transición energética, cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que vele no solo por la sustitución de fósiles, sino también por la transición de Pemex hacia una empresa comprometida con el entorno. · Reinversión de la renta petrolera en desarrollo tecnológico para todos los sectores, desde la extracción, hasta la investigación. · Creación de organismos autónomos y ciudadanos que supervisen y auditen la operación de la empresa. Como podemos ver el dilema no radica en privatizar o no, pues cualquiera que sea el caso habrá aspectos positivos y negativos, el dilema afortunada o desafortunadamente se encuentra en las voluntades de nuestros representantes en el congreso para adoptar cualquiera de los modelos y hacerlo eficiente. Por lo que hemos observado, el modelo de la empresa estatal no ha visto esta voluntad para hacer de PEMEX y los recursos petroleros del país una fuente sustentable de riqueza y bienestar para los mexicanos; habrá que ver, ahora que se ha aprobado si la apertura a la iniciativa privada es el camino. No hemos empezado bien, una reforma de este tipo no puede apurarse incluso en el entendido de los pre-acuerdos del Pacto Por México, a una reforma de este tipo debe dársele el espacio necesario para el debate y no una sesión maratónica de muchas horas, eso sí, un debate basado más en argumentos técnicos y financieros que en falsos preceptos nacionalistas. Sí a la privatización si este es el modelo más cercano a la participación ciudadana que podemos lograr, sin embargo algún mensaje deberá dejarnos como sociedad que no sean precisamente mexicanos quienes a partir de ahora no solo podrán administrar directamente a la empresa, sino que además podrán tomar su parte las ganancias. Analista GAEAP* Se aprueba en lo general reforma energética; modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales Alejandro Gómez Tamez*
• Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación • Se permitirán contratos con particulares en la explotación y extracción de petróleo y demás hidrocarburos • Ciento veinte días para regular contratos de servicio de producción y utilidad compartidas, y de licencias con transmisión onerosa de hidrocarburos • La reforma crea Fondo Mexicano de Petróleo para la estabilización y el Desarrollo • Diferencias de opinión entre legisladores: oportunidad para obtener mayor rentabilidad de recursos naturales, unos; obediencia del gobierno a empresas extranjeras, otros
Agencia NotiLeón. 12/12/13.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y con la mayoría calificada de 354 votos a favor, 134 en contra y cero abstenciones, la minuta que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia energética.
De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la Cámara de Diputados, con estas reformas se permitirán los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación, a fin de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo en el largo plazo. Tratándose de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones, se expone.
El dictamen precisa que se podrán llevar a cabo “las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria”.
Resalta que el esquema jurídico vigente en México necesita ser reformado, con el propósito de brindar un marco que permita un mejor aprovechamiento de la riqueza nacional, que potencialice la generación de empleos, el crecimiento económico y redunde en beneficios palpables para la economía de los mexicanos.
El comunicado señala que en el artículo 27 se deja en claro que “en cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación”, y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la Nación será inalienable e imprescriptible y “no se otorgarán concesiones”, añade.
La Nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de asignaciones de determinada superficie de terreno que hará a favor de empresas productivas del Estado, en el entendido de que Petróleos Mexicanos (PEMEX) transitará al modelo de empresa pública productiva, para que éstas puedan a su vez realizar dichas actividades, o bien contratar con particulares la realización de las mismas.
El dictamen precisa que la exclusividad del sector público sobre las áreas estratégicas, permanece intocado. Las actividades de exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos en el subsuelo, así como el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se mantiene bajo la exclusividad del sector público.
Menciona que se podrán crear empresas productivas cuya propiedad y control serán siempre del gobierno federal, a efecto de llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos en el subsuelo, que se incorporan como áreas estratégicas.
Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá como objetivo, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.
Además, en el régimen transitorio se especifica que dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para “regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia”.
Entre los esquemas de contraprestaciones se deberán regular las siguientes: en efectivo para los contratos de servicio, con un porcentaje de utilidad y para los contratos de utilidad compartida.
De igual manera, se establece como contraprestación un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida. En tanto, se contempla la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo para los contratos de licencia o cualquier combinación de las anteriores.
Se faculta a la Secretaría de Energía (Sener) para que, con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se encargue de adjudicar a Pemex las asignaciones a las que se refiere el artículo 27.
El organismo deberá someter a consideración de la Sener la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción y en capacidad de operar, a través de asignaciones; para ello, tendrá que acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva.
Para ello, Pemex deberá presentar la solicitud dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.
En cuanto al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se prevé que se conforme con cinco consejeros del gobierno federal, incluyendo al Secretario de Energía, quien presidirá este órgano y tendrá voto de calidad, y por cinco consejeros independientes.
Se modifica el artículo 28 para indicar que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”.
También incluye la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de lo estipulado en el artículo 27.
De igual modo, se contempla cambiar el artículo 25 para que el sector público tenga a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan.
Especifica que tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto en el artículo 27.
Se añade que en las actividades citadas “la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal”.
Lo anterior, “para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas y determinará las demás actividades que podrán realizar”.
En los artículos transitorios se prevé que la ley establecerá la forma y los plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado.
En tanto se lleva a cabo esta transición, Pemex y sus organismos subsidiarios, así como la CFE “quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el presente decreto”.
Se establece que “dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de regular las modalidades de contratación para que los particulares, por cuenta de la Nación, lleven a cabo, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”.
Del mismo modo, se incluyó en el régimen transitorio que los ingresos petroleros del gobierno federal que se destinen a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se mantengan en el 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto, “que corresponden a la razón equivalente a la observada para los ingresos petroleros de 2013”.
El Ejecutivo federal podrá sugerir al Congreso de la Unión un programa de sustitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados en los insumos energéticos.
Lo anterior, con objeto de promover el aprovechamiento sustentable de la energía y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, así como el uso eficiente de recursos. Además, el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía.
Argumenta que en 2012, el país contaba con una producción diaria de 2.5 millones de barriles de petróleo crudo y sólo se refinaron 1.2 millones de barriles al día, teniendo que importar aproximadamente la mitad de las gasolinas y una tercera parte del diesel que se consume.
Mientras que en 1997 las importaciones de gasolinas representaban el 25 por ciento del consumo nacional, para 2012 alcanzaron el 49 por ciento. “De seguir por el mismo camino, México llegaría pronto a un escenario insostenible, en el que tendríamos que importar los combustibles que alimenta a la industria”, puntualiza.
La reforma sienta las bases que permitirán a México acelerar su crecimiento y aprovechar al máximo sus recursos. Se podría incrementar la producción de petróleo en cerca de 1.5 millones de barriles de crudo diarios adicionales para 2025, lo que representa un aumento de 60 por ciento respeto de la producción actual.
En el caso del gas natural, la producción podría aumentar para ese mismo año, aproximadamente a 7.3 miles de millones de pies cúbicos diarios, más del doble de la producción actual. Además, el incremento en la inversión podría generar un impacto positivo en el crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 1 por ciento anual en 2018 y hasta 1.6 por ciento anual antes de 2025.
El dictamen prevé en su régimen transitorio que las leyes respetarán en todo momento los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseoso, así como en las distintas actividades a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Dicha medida tiene el objetivo de evitar afectar a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios tanto en Pemex y sus organismos subsidiarios, como la CFE; ello, con miras a sentar las bases de una adecuada interrelación entre dichos organismos y las empresas privadas, que a partir de la entrada en vigor del decreto podrán participar en la ejecución de la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación.
Asimismo, en el artículo 25 constitucional se incluyó el concepto de sustentabilidad que debe acompañar a los criterios de equidad social y productividad con los que se apoyará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, en beneficio general. |
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